En promedio, en los últimos tres años, hubo 400 barcos que operan en manera ilegal en la zona cerca de Malvinas, con una carga de 40.000 toneladas anuales de calamar.
Pescar ilegalmente en aguas de jurisdicción argentina no constituye un delito penal, es una transgresión de tipo administrativa a lo estipulado en el Capítulo XIII de Infracciones y Sanciones del Régimen Federal de Pesca, segun lo estipulado por la Ley 24.922. Lo cierto es que los cursos de acción que llevaron adelante los gobiernos hasta el momento no alcanzan. Máxime cuando vemos los mapas satelitales que ofrecen diversas aseguradoras de riesgo para los buques.
Si tomamos períodos de los últimos 6 meses, vemos que se han incrementado y que continúan las antiguas rutas coloniales de los cabos en el hemisferio sur. Los malvinenses le presentaron al presidente Alberto Fernández, una carta reclamándole una acción por los buques que pescaban ilegalmente en aguas cercanas a las Islas Malvinas.
El calamar es un recurso pesquero fundamental, las licencias ilegales por parte de la administración británica representaron el 40% de su PIB en el 2019. Como el calamar migró hacia el interior de la Zona Económica Exclusiva argentina hacia finales de abril principios de mayo, por la confluencia de corrientes calor-fío, esto provocó que los barcos poteros sin licencia invadieran la zona.
Diversos actores implicados han intervenido en la cuestión entre ellos Cancillería, realizando los reclamos a los gobiernos de bandera y llevando el caso a la FAO; y Prefectura realizando los sumarios administrativos, entre otros. Se observa relevante y pertinente realizar un cálculo aproximado de la puesta en valor del recurso perdido para darle peso al reclamo soberano.
En este sentido creemos que, si tomamos un promedio de los últimos tres años, de 400 barcos que operan en manera ilegal en la zona cerca de Malvinas, con una carga de 40.000 toneladas anuales, resultan aproximadamente USD15.000 millones. Para tener una puesta en valor, esa cifra representa 1667 hospitales para afrontar el COVID-19, permite construir cerca de 5.000 kilómetros de ruta y con ello motorizar la economía, o afrontar 109.489.051 AUH que brindan contención a muchos hogares y se pueden cubrir 64.377.682 jubilaciones mínimas para nuestros mayores.
