El canciller Felipe Solá aseguró que “agravar las multas” a quienes pescan ilegalmente en aguas argentinas, incluyendo las que circundan a las Islas Malvinas, busca “desalentar la pesca furtiva” y defendió la decisión del gobierno de interrumpir el intercambio de información con el Reino Unido, sobre, entre otras cosas, la evolución de la biomasa pesquera en el Atlántico Sur.
El canciller Felipe Solá aseguró que “agravar las multas” a quienes pescan ilegalmente en aguas argentinas, incluyendo las que circundan a las Islas Malvinas, busca “desalentar la pesca furtiva” y defendió la decisión del gobierno de interrumpir el intercambio de información con el Reino Unido, sobre, entre otras cosas, la evolución de la biomasa pesquera en el Atlántico Sur.
El titular del Palacio San Martín defendió el paquete de proyectos que el Ejecutivo espera que apruebe el Congreso nacional, con el objetivo de reafirmar el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Solá sostuvo que las tres propuestas que buscan crear un Consejo Nacional Asesor de Políticas sobre Malvinas, demarcar el límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 millas (ambos ya ingresados al Senado) y el que eleva las sanciones a la pesca ilegal en aguas argentinas (próximo a remitirse a Diputados), contrasta con la “política de baja intensidad” en el reclamo soberano, durante los cuatro años de gestión de Mauricio Macri. “Tenemos muchas especies que nos interesan, pero hay una en especial, el calamar, que se desplaza, y entonces lo que no capturamos nosotros lo capturan los buques que le pagan licencia de pesca a la administración usurpadora de Malvinas”, explicó el canciller sobre la implementación práctica que, una vez convertido en ley, tendrá el proyecto que agrava las multas a quienes ejerzan la pesca ilegal en aguas argentinas.
En una entrevista concedida a la señal de noticias A24, Solá defendió además la decisión de la Casa Rosada de interrumpir el intercambio anual de información con el Reino Unido, sobre, entre otras cosas, la evolución de la biomasa pesquera en el espacio marítimo argentino, contemplado en el acuerdo Foradori- Duncan, firmado en el 2016, por la administración de Mauricio Macri.
“Para proteger nuestros derechos, decidimos suspender el intercambio de información (capturada por el Instituto Nacional de investigación y Desarrollo Pesquero -Indep) y no les vamos a notificar más cuánto calamar tenemos (porque) cuando les dábamos información a ellos les estábamos diciendo cuántas licencias de pesca podían dar los que usurpan las islas”, argumentó Solá.
En ese contexto, juzgó que el acuerdo Foradi-Duncan, lo único que buscó fue “demostrar que la Argentina se llevaba bien con el Reino Unido y que no interrumpiría el desarrollo de las islas”.
